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Xalapa, Veracruz
La fracción del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso local, manifestó su postura en contra del dictamen para la aprobación del Fideicomiso para pago de deuda del Gobierno de Veracruz, observando vicios en materia legal del mismo.
En ese sentido, el diputado perredista Jesús Alberto Velázquez Flores mencionó el Artículo 72 de la Constitución para el estado de Veracruz, el cual indica que “todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, ingresarán a la secretaria de despacho competente en materia de finanzas”. Es decir: no hay justificación legal para que este fideicomiso que se pretende crear, pueda ser sustentado en la recaudación de un impuesto como el del 3 por ciento a la Nómina, por lo que el dictamen se convierte en inconstitucional.
Asimismo, Velázquez Flores indicó que el pago de deuda mediante dicho fideicomiso, compromete las finanzas del estado aproximadamente hasta el año 2021, pues en el Artículo Cuarto Transitorio afirma que entre las atribuciones del Comité Técnico del Fideicomiso, se encuentra el análisis y autonomía para la posible aprobación de pago de nuevos pasivos, lo cual significa que no sólo se desfalcaría el pago con los más de 13 mil 236 pesos actuales, sino que además, el Comité podría aumentar la cifra con completa libertad.
Al respecto, el diputado del PRD expresó que “no sería raro que alguna de las empresas fantasma que se retiraron del análisis sobre el “Caso Veracruz” presentado por el portal Animal Político, de pronto vuelvan a aparecer para que se les pague mediante autorización de nuevos pasivos aprobados por el Comité Técnico, como los 72 millones de pesos que se les adeudan a las empresas de Arturo Bermúdez, actual secretario de Seguridad Pública”.
Y es que de acuerdo con Jesús Velázquez, este impuesto ha sido desviado desde el año 2011, cuando se dejó de administrar como Fideicomiso para convertirlo en una ‘caja chica’ del Gobierno de Veracruz y pagar con él campañas políticas y hasta casas para el retiro de los ahora gobernantes, entre otros.
Además, dijo que no existe un expediente donde se detalle la adquisición del bien o servicio que vincula a cada dependencia con los proveedores a los que se les adeuda, por lo que no puede determinarse cada monto con certeza legal.
“El pasivo circulante del estado no rebasaba los cinco mil millones de pesos en 2011. Para el año siguiente, se genera un nuevo crédito por 19 mil 189 millones de pesos, solicitado por Javier Duarte, supuestamente para pagar los pasivos”, agregó el perredista.
Sin embargo, nunca se pagó -afirmó Velázquez- pues “estuvo oculto y nunca fue registrado por ninguna dependencia, causando que a finales del 2015 la cifra no reflejara el endeudamiento real y en marzo de 2016 vuelven a aparecer los más de 13 mil millones que ya debían estar pagados”.
Finalmente, el diputado del PRD dijo que son tantos los vicios legales que contiene este dictamen, que “será fácil” echarlo para abajo más adelante, cuando ya no exista esa mayoría priista al servicio del todavía gobernador Duarte, no obstante, instó a sus homólogos no permitir que se siente un precedente de legitimación de la corrupción con la que pretenden aprobar este día.
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